Ya es oficial: como ya nos adelantaba ayer la prensa, el Consejo de Ministros ha acordado prohibir los despidos durante la situación generada por el COVID-19. El acuerdo acaba de publicarse en el BOE mediante el Real Decreto-Ley 9/2020.
¿Qué es exactamente lo que se prohíbe?
El art. 2 de este Real Decreto-Ley establece como medida extraordinaria para la protección del empleo, la prohibición expresa de utilizar la fuerza mayor y las causas ETOP (económicas, técnicas, organizativas y de producción) como justificativas de la extinción del contrato de trabajo o del despido.
Quiere decir que ningún trabajador puede ser despedido por causas relacionadas con la crisis del COVID-19, es decir, a causa de la fuerza mayor amparada en la declaración del estado de alarma, ni tampoco porque la empresa alegue las causas ETOP.
Esto abarca contratos indefinidos, temporales, como los de relevo, formativos y de interinidad, etc. Se pretende que puedan alcanzar su duración máxima.
Esta medida se adopta porque el Gobierno entiende que ya se ha ofrecido a las empresas, con un procedimiento más ágil y rápido para que las empresas puedan ajustarse a la crisis sanitaria sin destruir puestos de trabajo.
Recordemos que el ERTE como tal ya existía en nuestro ordenamiento solo que, a consecuencia de la declaración del estado de alarma, el Gobierno “reforzó los procedimientos de suspensión y reducción de jornada (los ERTEs), agilizándolos y flexibilizándolos” mientras dure la situación provocada por el coronavirus.
Tendrás que iniciar el procedimiento habitual de impugnación del despido en vía judicial, previa su conciliación en el SMAC. En este caso, será el juez de la jurisdicción social quien determine si el despido es nulo, improcedente o procedente, pero teniendo claro que no se considerará justificado el despido que se funde en causa derivada de la crisis del COVID-19
